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miércoles, 17 de abril de 2013

Comunicado por la justicia

Ante el desarrollo del juicio por genocidio las personas y organizaciones de derechos humanos firmantes:

Saludamos el desarrollo del proceso judicial en Guatemala, en contra de los altos mandos del Ejército entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, acusados de la comisión de los delitos de genocidio y actividades contra deberes de la humanidad.

Las personas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales firmantes, aplaudimos el estricto apego al estado de derecho y a las garantías procesales con las que ha actuado el Tribunal A de Sentencia de Mayor Riesgo, el cual ha respetado las garantías de todos los sujetos procesales (incluidos los acusados y su representación legal). Reiteramos que durante nuestro seguimiento y observación del proceso, hemos constatado que a pesar de las acciones de dilación y retardo malicioso desarrolladas por la defensa, el Tribunal ha actuado apegado a derecho y respetando los estándares internacionales en la materia.

Informamos a la opinión pública que existe el propósito de difundir el mito de que el proceso judicial carece de legalidad, a pesar de que hay jurisprudencia suficiente que respalda todas y cada una de las decisiones y actuaciones del Tribunal. Esta artimaña política utilizada por la defensa legal y extralegal de los acusados, pretende justificar la antiética y deficiente defensa técnica contratada por ellos.

Reiteramos que con base en la normativa vigente en Guatemala, el único ente facultado para resolver los incidentes planteados durante la realización del proceso es el Tribunal que conoce del caso. Cualquier apelación a las mismas, deberá hacerse por medio de los canales regulares y los tiempos procesales del organismo judicial.

Exhortamos a entidades y funcionarios del Estado a respetar irrestrictamente la independencia de poderes y a mantenerse en el marco jurídico que la ley les otorga, a fin de no excederse en sus funciones y con ello procurar impunidad y vulnerar el estado de derecho.

Guatemala, 14 de abrilde 2013

Asociación La Cuerda, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro de Investigaciones, Estudio y Promoción de Derechos Humanos (CIEPRODH), Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Concejo Ecuménico de Iglesias, Colectivo Artesana, Colectiva Feminista de Izquierda, Fundación Guillermo Toriello, Fundación Rigoberta Menchú Tum, Equipo Comunitario de Estudios Psicosociales (ECAP), Grupo de Mujeres Ixchel, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), Instituto DEMOS, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Sector de Mujeres, Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos- Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Miguel Ángel Álbizurez, Maya Alvarado Chávez, Lily Batres de Hernández, Ángel Berna Gil, Marylena Bustamente, Heydee Calderón, Álvaro Castellanos Howell, Enrique Corral, Cristina Chiquín, Carmen Rosa de León, María Eugenia Díaz, Carolina Escobar Sarti, Raúl Figueroa Sarti, Anabella Giracca, Lissette González Martínez, Oscar Hernández, Iduvina Hernández, Frank La Rue, Helen Mack, Yuri Giovanni Melini, Rigoberta Menchú Tum, Luz Méndez, Alba Cecilia Mérida, Lucrecia Molina Theissen, Marielos Monzón, Sandra Morán, Marielos Monzón, Carmen Reina, Claudia Virginia Samayoa, Jorge Santos, Vitalino Similox, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Verónica Tobar, Lyn Valenzuela, Maritza Urrutia

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