Caso ilustrativo No. 51
Desaparición forzada
de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en la ciudad de
Guatemala y en la finca “Emaús Medio Monte”
“…agarraron a
patadas a los compañeros … fue cuestión como de unos cuatro o cinco minutos que
los llevaron a ellos, se puede decir una operación relámpago…”
“…en el país cada
quien puede actuar con amplia libertad, desplazarse con facilidad hacia el
lugar que lo desee sin necesidad de pedir permiso a nadie…”
I. ANTECEDENTES
En 1968 se fundó la
CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales: la Federación Central de
Trabajadores de Guatemala (FECETRAG), la
Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FENOT) y la Federación
Campesina de Guatemala (FCG). La
CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Desde
su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y
cooperativas.
La CNT era
el núcleo de la actividad sindical y la organización mayoritaria durante la
década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979
sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol en la organización social la CNT
se convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las distintas
corrientes sindicales existentes en el momento, sino también entre las Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían
influencia política en el sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT
rompió con la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales. En 1980
la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su
vez se interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que
apoyaban a los sindicatos en sus reivindicaciones.
En su aplicación de
la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba al movimiento
sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista, que fuera detenido y
torturado en un cuartel militar, cuenta que agentes de seguridad le mostraron un
organigrama detallado del CNTFAR donde se identificaba a una organización con
la otra.
Los agentes del
Estado y los empresarios tenían información sobre las actividades de los
sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en la CNT realizados por
los aparatos de seguridad del Estado. Esta había sido la razón por la cual la
CNT había expulsado con anterioridad a varios de sus miembros. Un declarante
recuerda que uno de los porteros de la sede pertenecía a “la judicial”. También las patronales, en varias
empresas, dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos
de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con
el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.
Los miembros de la
CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento. Por ejemplo, en
enero de 1979 se hizo estallar una bomba en su sede. En el mismo año se
produjeron varios allanamientos: en uno golpearon al guardián y en otro se
llevaron los archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes fueron
arrestados por la Policía Nacional. Se
encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se
difundió una lista de “condenados a muerte” en la que se incluían a
asesores y dirigentes de la CNT. Los
seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda los vehículos “Toyotas
beiges” en que viajaban hasta cuatro sujetos desde donde, con pistolas en
las manos, los amenazaban.
Ante
este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron
retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael Vásquez —que
después fue desaparecido— sabía que su vida corría peligro, por lo que desde
tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar su ruta de entrada
y salida de la casa todos los días. A pesar de todo los dirigentes de la CNT
trataron de preservar su espacio y el funcionamiento de la sede.
II. LOS HECHOS
La reunión del 21 de junio de 1980
La cúpula dirigente
había convocado a una reunión extraordinaria, fijada para el 21 de junio de
1980, porque había problemas internos en la organización. En esa reunión se
quería resolver las divergencias ideológicas sobre la dirección del movimiento sindical, las estrategias para la
sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres
miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de
intensa represión.
En la madrugada del
sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano, miembro de este último
sindicato. Unido este
asesinato a los problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT,
hacia las once de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron
cancelar la reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos
los delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a
partir de las dos de la tarde. En
palabras de un sobreviviente: “A las tres menos diez yo pasé a una tienda [cercana
al local de la CNT] y vi que habían unas personas armadas, y no eran
pistolas sino que eran metralletas … todos tenían sus pañuelos puestos y
estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto
rango por las insignias que tenían”.
El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados,
pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.
El testigo “sentía
que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la
puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: ‘Vámonos, vámonos porque
esto lo van a allanar’. Sólo terminado de decir estas palabras estaba cuando
tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta,
y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie
pudiéramos salir”. En
ese momento había unas 30 personas en el local.
La 9ª y
10ª avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido el tráfico
vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos
apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres
o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias,
las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También
había un jeep Toyota color gris.
Fueron tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos
contaba: “…Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los
maltrataban y como que les tiraban contra la pared”. No se escucharon disparos, sólo
golpes. Se retiraron los militares y ellos lograron salvarse. La operación duró
entre tres y cinco minutos; fue una “operación relámpago”.
Otro testigo
recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasados unos 10 minutos del
operativo militar. La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato
en la calle. Pensó: “Qué descuido”. Empujó la puerta y entró. No había
nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos
estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle,
unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos
compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron
cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de
las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma
situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de
sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre.
Hay
dudas sobre el número total de víctimas.
Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas se
refiere al quórum que se había alcanzado en el momento de la reunión: “Eran
los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les
dio tiempo de salir, porque estaban dentro…” La CEH logró identificar a 27 personas.
Desaparición forzada en la finca “Emaús Medio Monte”
Dos meses más tarde,
dadas las condiciones de inseguridad existentes y para evitar un desenlace como
el ocurrido en la CNT el 21 de junio, 17 personas entre líderes sindicales e
integrantes de la Escuela de Orientación Sindical de la Universidad de San
Carlos, organizaron un seminario-taller fuera de la capital, en la finca Emaús
Medio Monte, Escuintla.
Sin
embargo, en una operación que respondía a las mismas características y
objetivos del caso descrito, el 24 de agosto de 1980, efectivos del Ejército y
fuerzas de la Policía Nacional bajo la dirección del subjefe de la división de
detectives detuvieron e
hicieron desaparecer a 16 personas, entre ellos sindicalistas y miembros de la
Escuela de Orientación Sindical de la USAC.
El 2 de septiembre
de 1980 el administrador de la finca, José Luis Peña, fue capturado, torturado
y ejecutado. La víctima había sido testigo directo de la desaparición forzada y
había sido amenazado de muerte si proporcionaba alguna información.
El representante
legal de la casa Emaús, que fue acusado por el Ejército “de darle cabida a
los comunistas”, afirmó
que jeeps militares y un camión fueron parte del operativo.
Según
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los secuestrados fueron
conducidos a los garajes de la división de investigaciones de la Policía
Nacional, en la zona 6 de la ciudad, donde fueron torturados bajo la dirección
del nuevo jefe de Investigaciones.
III. DESPUÉS
El Gobierno negó su
responsabilidad en la desaparición de los sindicalistas. El ministro de
Gobernación declaró que los dirigentes desaparecidos podrían haber sido
secuestrados por grupos extremistas, con el propósito de causar problemas al
Gobierno. Más tarde, las
autoridades presentaron a seis sindicalistas que la CNT incluía en la lista de
desaparecidos.
Sin embargo, el
vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, aseguró a la
embajada de los Estados Unidos, el 24 de junio de 1980, que los desaparecidos
se encontraban en el destacamento militar Berlín, ubicado en Coatepeque; y reconoció que el Estado de Derecho
atraviesa por una situación compleja y difícil.
Según
documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, “la policía
niega tener conocimientos sobre el paradero de los sindicalistas, pero la
incursión, igual como la previa (allanamiento de la sede el 29 de abril de
1980), tiene todos los rasgos de una operación de elementos de seguridad. Con
aparente impunidad, el grupo atracador incluso desvió el tráfico de las calles
congestionadas del centro durante la operación”.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 33/81, caso 7403
(Guatemala), de 25 de junio de 1981, resolvió considerar verdaderos los hechos
denunciados (el Gobierno no respondió a las solicitudes de información) y
efectiva la detención arbitraria de los afiliados a la CNT. Declaró que el
Gobierno de Guatemala violó los derechos a la libertad personal, a la vida, a
las garantías judiciales, a la protección judicial y el derecho de reunión.
En el mismo año la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su “extrema
preocupación … [por] los asesinatos y ataques violentos contra la
integridad física de un elevado número de dirigentes sindicales, desapariciones
vinculadas al movimiento sindical, amenazas, atentados contra el derecho de
huelga, interferencias violentas en reuniones sindicales, ocupación de locales
sindicales, ataques a la propiedad sindical y despidos por razones sindicales”. Finalmente, recomendó que se
investigara y sancionara a los responsables y que los detenidos fueran
liberados.
La Corte Suprema de
Justicia recibió, el 25 de junio de 1980, un recurso de exhibición personal en
favor de los desaparecidos. El 1 de julio se decretó la exhibición por parte de
la Cámara Penal, señalándose audiencia para el siguiente día. Se pidieron
informes al Ministerio de Gobernación, a los directores generales de la Policía
Nacional y de la Guardia de Hacienda y se comisionó a todos los jueces de
Primera Instancia para que los solicitaran en sus territorios jurisdiccionales.
El 7 de julio la Cámara Penal declaró sin lugar el recurso, porque los
funcionarios de Gobierno informaron que los secuestrados no estaban detenidos y
se remitió el expediente al Juzgado Sexto de Primera Instancia del ramo penal
de la ciudad de Guatemala, para que investigara el paradero de las personas
secuestradas.
El Juzgado ordenó: “Practíquese
cuanta diligencia sea necesaria para el mejor esclarecimiento del hecho que se
investiga”. Según
informaciones proporcionadas por el Archivo General de Tribunales, esta fue la
última actuación judicial en el caso.
En cuanto
se refiere a la información policial, las autoridades declararon que la
localización de las víctimas había sido negativa, pero lo único que hicieron fue preguntar el paradero de
los desaparecidos en las empresas donde habían laborado. Hasta hoy, “las
investigaciones para la localización de estas personas están quedando abiertas
y su resultado será informado oportunamente”.
Las acciones de
protesta realizadas por los sindicatos nunca obtuvieron resultados favorables.
Muchos familiares,
que formaron el “Comité de desaparecidos 21 de Junio” buscaron durante
varios años a las víctimas. “Con el tiempo decidieron no seguir, pues
estaban siendo amenazadas”.
La desaparición de
los sindicalistas, además, ocasionó daños psicológicos en los familiares. Por
ejemplo, un declarante cuenta que la esposa de una de las víctimas “se
empezó a poner loca, no salía a realizar mandados porque no podía atravesar
calles, se fue a quitar los dientes pensando que eso le quitaría los dolores de
boca, no podía comer, trató de olvidar todo lo que había pasado, también estuvo
en tratamiento psiquiátrico…”
En un Informe al
Departamento de Estado norteamericano se afirma que, especialmente desde el 21
de junio de 1980 la violencia se incrementó, que existía un clima de terror en
Guatemala y que los trabajadores tenían miedo de reunirse abiertamente.
La represión contra
los sindicalistas continuó. La
mayoría de los dirigentes que sobrevivieron hubo de marchar al exilio o pasar a
la clandestinidad. La CNT quedó muy debilitada y al año se encontró de hecho
desarticulada.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de
analizar los antecedentes que obran en su poder, llegó a la convicción de que
los días 21 de junio y 24 de agosto de 1980 agentes del Estado de Guatemala,
pertenecientes al Ejército y a la Policía Nacional y Judicial capturaron e
hicieron desaparecer forzadamente, a 43 personas, dirigentes sindicales y miembros
de la Escuela de Orientación Sindical de la USAC, en violación de su derecho a
la libertad personal y, en definitiva, de su derecho a la vida.
Los
vínculos que pudieron existir entre algunas de las víctimas y la guerrilla no
constituyen justificación para este crimen de lesa humanidad que ha permanecido
en la impunidad.
Por otra parte, a la
CEH le asiste la convicción de que, en este caso, los responsables, en el
Organismo Ejecutivo, de realizar las investigaciones de los delitos
premeditadamente incumplieron su deber. Además, la inexistencia de una seria
investigación posterior por parte de los tribunales de justicia permite
concluir que las autoridades del Estado de Guatemala violaron el derecho a la
justicia, consumando la desaparición forzada de las víctimas.
La CEH considera que
este caso ilustra la decisión política de las autoridades del Estado, en el año
1980, de desarticular al movimiento sindical, atacando a sus organizaciones
mediante la eliminación sistemática de sus líderes más representativos, bajo la
modalidad de la desaparición forzada.
El caso ilustra,
asimismo, la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que extendió
el concepto de enemigo desde el campo de batalla a las organizaciones sociales
críticas al régimen establecido.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Jaime
Marroquín Garrido
Ejecución arbitraria, torturas
José
Luis Peña
Desaparición forzada
Adalberto
Juárez
Adolfo
Obdulio Molina Mérida
Agustín
Chitay Chapetón
Alvaro
Orlando Estrada
Augusto
Yach Ciriaco
Bernardo
Marroquín Salazar
Crecencio
Coronel Ordóñez
Cristina
Yolanda Carrera
Cabrera
Edgar De la Cruz
Erwin
René Hernández Paíz
Florencia
Xocop Chavez
Gerónimo
Alberto Moreno Palencia
Guillermo
Turcios García
Gustavo
Adolfo Bejarano Oscal
Héctor
Manuel Sánchez
González
Hilda Carlota Pérez Menéndez
Ileana
del Carmen Minera López
Jordan
Alberto Salazar Urizar
Jorge
Luis Serrano
José
Víctor Herrera Castillo
José
Ruiz
Juan
Guerra Castro
Julio
César Pérez Gálvez
Manuel
Antonio Rodríguez Ramos
Manuel
René Polanco Salguero
Mario
Campos Valladares
Mario
Martínez
Neri
Roblero Espinosa
Orlando
Antonio García Rodríguez
Oscar
Armando Salazar
Oscar
Augusto Pérez
Pedro
Ramos Micatu
Rafael
Antonio Aguilar Pérez
Rafael
Enrique Giran Mérida
Rafael
Estrada
Roberto
Poll Tomás
Rosario
Leal
Sara
Cabrera Flores
Selvin
Arnoldo García López
Sonia
Elizabeth Alecio
Desaparición
forzada, torturas
Irma Candelaria
Pérez Osorio
Fuente: CEH, Guatemala memoria
del silencio.
Te extraño abuelo
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