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miércoles, 25 de enero de 2012

Ejecuciones arbitrarias de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta


Caso ilustrativo No. 65

Ejecuciones arbitrarias de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta

“Dejo constancia histórica de los planes del gobierno para eliminar a mi persona físicamente … Como las próximas elecciones representan un desafío entre la arbitrariedad, la violencia organizada y todo el proceder fascistoide del actual Gobierno y el enfrentamiento que le hace el pueblo, el resultado puede implicar la pérdida del poder de hombres millonarios …, que son los verdaderos directores de la política gubernamental. Ello los precipita y están dispuestos en primer lugar, a crear desórdenes, a eliminar a quienes consideran los líderes de la oposición … Este documento se debe dar a publicidad al suceder los hechos.  Mi condición de Alcalde me obliga a desafiar la represión y por ello dejo constancia de mi puño y letra”.[1]

I. Antecedentes
Dos meses separan los asesinatos de estos dos intelectuales y políticos guatemaltecos, de reconocida trayectoria en la vida pública y probada rectitud.
Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta tuvieron mucho en común. La labor política ocupó gran parte del quehacer de sus vidas y constituyó, en ambos casos, un ejemplo de práctica democrática: propugnaron el debate de las ideas, la construcción de partidos políticos, la tolerancia con el adversario y la búsqueda del consenso.

II. La ejecución de Alberto Fuentes Mohr
La vida política del doctor en Economía, Alberto Fuentes Mohr, transitó por el camino de la izquierda centrista y su bandera fue la de las reformas. Fue militante del Partido Revolucionario y durante la administración de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) ejerció el cargo de ministro de  Hacienda y Crédito Público y, más tarde, el de Relaciones Exteriores. Durante su gestión como ministro de Hacienda, impulsó una reforma tributaria que desató la firme oposición del sector económico más poderoso del país. Finalmente, fue separado de su cargo.
En este período, el 27 de febrero de 1970, durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores y ante la proximidad de las elecciones presidenciales fue secuestrado por un comando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). La acción tuvo como propósito exigir, a cambio de la liberación del canciller, la puesta en libertad de un militante de la organización guerrillera, Vicente Girón Calvillo, quien había sido capturado por la Policía Judicial y cuyo paradero se desconocía. La exigencia de las FAR fue cumplida y Alberto Fuentes recuperó su libertad.
En 1970, a pesar del llamado que hiciera a los partidos políticos el nuevo presidente, general Carlos Manuel Arana Osorio, para que se reorganizaran y así iniciar un proceso de apertura política en el país, integrantes del Partido Revolucionario fueron víctimas de persecución. En noviembre de 1970 Alberto Fuentes Mohr fue detenido y acusado de realizar acciones insurgentes. Permaneció en prisión durante cinco días y al ser liberado partió al exilio. Residió algunos años en Costa Rica, donde se dedicó a la docencia, impartiendo la cátedra de Economía en la Universidad Nacional.
En 1974 regresó a Guatemala y fue candidato a vicepresidente de la República junto a Efraín Ríos Montt, apoyado por el Frente Nacional de Oposición integrado por la Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario Auténtico y el Frente Unido de la Revolución.
Esta fórmula presidencial, que encabezaba un militar secundado por Fuentes Mohr, quien regresaba del exilio y tenía un claro pensamiento de centro izquierda, se explica desde el punto de vista de este último sector político, porque la única alternativa que vislumbraba para acceder al poder consistía en postular a un miembro del Ejército como candidato a la presidencia,

“Nosotros mismos en el Frente Nacional de Oposición, entendimos que aun ganando la elección, no podríamos llegar al poder si no era con un candidato militar y de esa cuenta fue que se postuló al general Ríos Montt, convencidos de que un militar tal vez podría hacer valer su triunfo, pero un civil no lo podría lograr”.[2]

En elecciones de segundo grado el Congreso de la República eligió presidente de la República al ex ministro de la Defensa Nacional, Kjell Laugerud, candidato por el Partido Institucional Democrático (PID) en alianza con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y a quien se había dado como ganador, por mayoría relativa, en marzo. Los partidos políticos de oposición alegaron fraude en esas elecciones.
En 1979 Alberto Fuentes Mohr ocupaba un escaño en el Congreso, como diputado por el departamento de Quetzaltenango. Había ganado esa elección postulado por el Partido Revolucionario Auténtico y el Partido Democracia Cristiana. Al mismo tiempo se entregaba a la tarea de construir una nueva fuerza política, el Partido Socialista Democrático (PSD), con la pretensión de afiliarse a la Internacional Socialista. Además, proyectaba integrar a su partido en el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) que se constituyó el 24 de febrero de 1979. El carácter multisectorial del FDCR permitió que en él confluyeran tendencias de diversos signos, entre ellos el PSD y el Frente Unido de la Revolución (FUR) liderado por Manuel Colom Argueta.
Sin embargo, para otros grupos de centro el nacimiento del FDCR significó la creación de una instancia legal donde podrían tener cabida grupos insurgentes y, a su vez, la Inteligencia militar lo consideró como un avance de la guerrilla en el plano político. De este modo, Fuentes Mohr y Colom Argueta podrían ser identificados como los artífices de un vínculo orgánico con los sectores que propugnaban la lucha armada.
El proyecto del FDCR no prosperó. La situación polarizada y la política represiva inhibieron el desarrollo de una instancia pública que hubiese aglutinado incluso a sectores que se adherían a la lucha armada.
Coincidiendo con lo planteado por el Gobierno de Arana en 1970, el de Lucas García, quien inicia su período presidencial en 1978, prometió una apertura democrática y, para sustentarla, impulsó un proceso de diálogo con los partidos políticos, ofreciendo la posibilidad de que los registros electorales se amplíen para lograr la inscripción de nuevos partidos. “Había un proceso político tendiente a que se rompiera el monopolio de partidos políticos y se crearan nuevos partidos”.
El Gobierno de Lucas García encomendó al vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, que iniciara conversaciones con el sector de centro, en concreto con Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, para proceder a la inscripción del PSD y del FUR, respectivamente.
No obstante, esta iniciativa gubernamental no era respaldada por sectores del Ejército que no querían perder su influencia política, y que desde 1970 se manifestaba, por ejemplo, en que los altos mandos decidían, junto a sectores financieros de gran influencia, quién habría de ser el futuro candidato presidencial.
El largo proceso de inscripción del PSD culminó el 26 de enero de 1979. Sin embargo, un día antes, Alberto Fuentes Mohr fue asesinado.

Los hechos
El 25 de enero de 1979, hacia la una y media de la tarde, después de haber participado en una sesión ordinaria del Congreso, Alberto Fuentes Mohr se dirigía en su automóvil hacia la casa del vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, ubicada en la zona 14 de la capital, donde sostendrían una reunión junto al secretario adjunto de la OEA, licenciado Jorge Luis Zelaya Coronado.
Se trataba de una reunión rutinaria con un representante del Gobierno, para discutir sobre el contexto político en general. “Era para discutir algunas de las actividades vinculadas con la visita previa de Alberto a Washington, donde él había tenido una serie de reuniones, precisamente advirtiendo sobre la polarización que se estaba dando en Guatemala”.
El vehículo conducido por Fuentes Mohr avanzaba sobre la avenida La Reforma en dirección norte-sur cuando, al llegar a la intersección de esa avenida con la 1a. calle, a pocos metros de la antigua Escuela Politécnica, fue interceptado.
Desde un vehículo y dos motocicletas se abrió fuego cruzado y cerrado. La víctima cayó acribillada. La necropsia reportó un total de veintitrés impactos de bala en su cuerpo, correspondientes a armas de fuego de munición calibre 45.
Fuentes periodísticas, sobre la base de testimonios recibidos in situ, aseguraron que el ataque tardó treinta segundos y que, después, los autores se dieron a la fuga tomando distintas direcciones a bordo de los vehículos que tripulaban.
Junto al vehículo conducido por Fuentes Mohr, circulaba un automóvil marca Toyota tripulado por Ana María Méndez de Rodríguez, quien también fue alcanzada por dos impactos de bala y resultó herida en el cuello.
El Organismo Judicial ordenó instruir la correspondiente investigación sumaria de los hechos. Sin embargo, ésta concluyó sólo trece días después, sin resultado alguno. Igual que en otros casos similares, la última diligencia efectuada en el proceso consistió en la devolución del vehículo en que se movilizaba la víctima. No constan más diligencias y el expediente fue archivado.
Existen dos partes policiales: uno procedía del Tercer Cuerpo de la Policía Nacional y otro de la Sección de Detectives de la misma Policía, los cuales no sólo no guardan armonía entre sí, sino que son claramente contradictorios, resaltando una evidente ligereza en el registro de la información.


III. La ejecución de Manuel Colom Argueta
Durante sus estudios de secundaria y más tarde en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manuel Colom Argueta ocupó cargos de dirigente estudiantil. Sus contemporáneos le recuerdan como un líder natural, un demócrata incansable. “Manuel Colom era efectivamente el gran líder nacional del país. Creo que eso nadie lo cuestiona y sin duda era el candidato ganador en cualquier elección que se pudiera prever”.
En 1954 cuando el movimiento de la liberación derroca al presidente Jacobo Arbenz y pone en su lugar a Castillo Armas, Colom Argueta, siendo todavía un estudiante, junto a otros jóvenes y muchos profesionales, se declaró públicamente opositor al nuevo régimen.
Fue fundador del Partido Revolucionario a finales de los años cincuenta, del cual salió más tarde por desaveniencias con Mario Méndez Montenegro. Luego fundó la Unidad Revolucionaria Democrática (URD), con el respaldo de varios compañeros de generación. Fue miembro del Consejo Superior Universitario de la USAC durante el período 1967-1969, en representación del Colegio de Abogados.
Para las elecciones de 1970 la URD no logró ser reconocida como partido político, por lo que en calidad de Comité Cívico postuló la candidatura de Manuel Colom Argueta para ocupar la Alcaldía de la ciudad de Guatemala, ganando las elecciones.
Durante su mandato como alcalde, 1970-1974, alcanzó gran popularidad y se ganó el cariño y la simpatía de la población.
Ya en esa época fue víctima de amenazas y hostigamientos. Ocupando aún el puesto de alcalde, escribió una carta de su puño y letra en que denunció la existencia de un plan gubernamental para darle muerte.
La afirmación de Colom Argueta en el citado documento concuerda con la información contenida en documentos desclasificados de la CIA. En marzo de 1979 uno de estos informes señala:

“Es de opinión de los oficiales que Colom debería haber sido asesinado durante el período 1970-1974, cuando él era Alcalde de la ciudad de Guatemala o en su defecto a la salida de este cargo. En ese momento había un plan para matar a Colom... Había pruebas que Colom, el Alcalde de la ciudad de Guatemala, era ‘la cabeza clandestina intelectual’ de la izquierda radical, en ese entonces comprometida en la guerra de guerrillas urbana”.

Su asesinato se planificó en distintos períodos de Gobierno:

“Durante el período presidencial de Ydígoras Fuentes fue enviado prisionero a El Salvador. Luego, durante el gobierno de Laugerud, sufrió un atentado cuya ejecución se le adjudica a [un oficial del Ejército de Guatemala]. En esta oportunidad resultó herido en un brazo y arrastrándose varias cuadras llegó al cuerpo voluntario de bomberos”.

Al igual que Alberto Fuentes, Manuel Colom atendió el llamado de Lucas García para inscribir al Frente Unido de la Revolución (FUR) como partido político.
Desde hacía años venía intentando inscribir su partido, primero como Unidad Revolucionaria Democrática (URD), después como Frente de Unidad Revolucionaria Democrática (FURD) y por último como Frente Unido de la Revolución (FUR).
También formó parte del Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) junto a Fuentes Mohr.
En su última entrevista, Manuel Colom declaró:

“En este momento, cuando reconocen mi partido, lo difícil es lograr que no me maten, ya que las técnicas de la ultraderecha para sostenerse en el poder han cambiado … En la actualidad la derecha ha enarbolado la bandera del crimen, jugando al asesinato político”.

Sin embargo, Manuel Colom, a pesar de las amenazas y de conocer los planes gubernamentales para asesinarle continuó con su trabajo.

“No podía detenerse, hay tanto que hacer en nuestro país que un minuto que no se produce, es un momento perdido, cada momento perdido será reclamado por la historia, por las nuevas generaciones, por ese mundo crítico del futuro”.

Tras el asesinato de Alberto Fuentes Mohr y después que el 15 de marzo de 1979 el FUR quedara inscrito como partido político, muchos de sus correligionarios, amigos y familiares señalaron a Colom la necesidad de que saliera del país. Pero él permaneció en Guatemala.
Una de las razones para que tomara esta decisión pudo ser una supuesta promesa que recibió del presidente Lucas García, quien se habría comprometido a garantizar la inscripción de su partido, el FUR, así como la posterior candidatura presidencial de Colom. Un documento desclasificado de la CIA afirma que “el presidente prometió a Colom su protección al partido FUR, asegurando que sería garantizada la sobrevivencia como partido político con posibilidades de participar en la vida política del país bajo la administración de Lucas y en la campaña que vendría en 1982”.

Los hechos
El 22 de marzo de 1979, desde temprano, fueron vistos agentes de seguridad en los lugares que Colom Argueta frecuentaba y en las cercanías de su bufete profesional.
La víctima salió de su oficina, ubicada a poca distancia de la embajada de los Estados Unidos, en la 6ª calle, 7-55 de la zona 9, con rumbo a la Universidad de San Carlos. Conducía su vehículo marca Toyota color rojo y era escoltado por un Mercedes Benz color azul, en el que viajaban sus dos guardaespaldas, Héctor Barillas Zelada e Hilario Hernández Quiñonez.
Aproximadamente a las once de la mañana el automóvil Mercedes Benz fue atacado por los ocupantes de otro vehículo de color verde y blanco, quienes comenzaron a disparar. Posteriormente, se agregó otro automóvil color negro; los dos eran de fabricación americana.
Los guardaespaldas de Colom Argueta fueron alcanzados por una decena de proyectiles cada uno. Todos los disparos fueron dirigidos hacia la cabeza. En los informes forenses se concluye que la muerte de ambos fue ocasionada por las “heridas penetrantes en el cráneo producidas por arma de fuego”. A consecuencia del ataque, el vehículo Mercedes Benz tripulado por los escoltas se estrelló contra una casa.
Eliminados los guardaespaldas, un automóvil de color rojo y dos motocicletas comenzaron la persecución de Colom Argueta, quien intentó huir del lugar donde se había producido el tiroteo, para ser interceptado a la altura de la 3ª avenida y 5ª calle de la zona 9, donde fue ametrallado. Informaciones vertidas por testigos presenciales y recogidas por familiares de la víctima, señalaron que desde el vehículo de color rojo fueron disparadas varias ráfagas sobre el lado derecho del automóvil, mientras que, por el lado izquierdo, Colom fue atacado por los ocupantes de una de las motocicletas, de la cual descendió un sujeto joven y corpulento portando una subametralladora, quien remató a la víctima.
Ejecutada la acción, los autores huyeron rápidamente por las calles próximas, en los mismos vehículos utilizados en el ataque.
Manuel Colom recibió el impacto de 24 proyectiles calibre 45 milímetros. La mayor parte de las heridas de bala se concentró en el cráneo, la cara y el tórax.


IV. Después
Los familiares de Colom Argueta aseguraron que el operativo fue dirigido desde un helicóptero que sobrevolaba el área y que entre sus tripulantes se encontraba el general David Cancinos, jefe del Estado Mayor del Ejército.
Esta versión ha sido confirmada por la CEH mediante las declaraciones
ofrecidas por un testigo, quien asegura lo siguiente:

“David Cancinos, personalmente, desde un helicóptero supervisó el operativo que se había planificado en una forma de círculos concéntricos; si salía del primer círculo del operativo, le esperaban en un segundo y así. Efectivamente no lo lograron en el primer punto, sino en un siguiente círculo del operativo”.

En este mismo sentido, miembros de la comunidad empresarial, al reaccionar ante la ejecución de Colom Argueta, indicaron al personal de la embajada de los Estados Unidos: “Era comunista y se lo merecía; su muerte [de Manuel] fue el trabajo del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Cancinos, quien busca allanar el camino para ser candidato presidencial en 1982; y que Colom tenía que ser eliminado eventualmente, pero ¿por qué tan temprano?”
El general Cancinos fue asesinado poco tiempo después, atribuyéndose la acción el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), organización que confirmó la versión del involucramiento de dicho oficial en la ejecución de Colom Argueta:

“Teníamos compañeros que trabajaban en el Gobierno en diferentes ministerios, incluido Gobernación. Obteníamos permanentemente información desde allí y por eso obtuvimos información cercana a Cancinos, quien andaba dirigiendo la operación del asesinato de Manuel Colom Argueta desde un helicóptero, con al menos otros dos jefes”.

Los gobiernos europeos y latinoamericanos reaccionaron, pronun­ciándose contra las ejecuciones arbitrarias de Fuentes Mohr y Colom Argueta, y haciendo un llamamiento para esclarecer los hechos mediante una investigación judicial que, en definitiva, no prosperó.
El 24 de abril de 1979, treinta días después de la ejecución de Manuel Colom, sus familiares directos publicaron un campo pagado en el que denunciaban las amenazas que existían sobre el líder del FUR antes de su ejecución.
A la vez, responsabilizaron al Gobierno y a las autoridades civiles y militares de su asesinato, señalando sobre todo al primero, por no realizar una investigación en torno al caso.
La inserción en la prensa escrita se tituló “No puede descubrir quien encubre” y apareció en varios periódicos, lo que provocó que la familia fuese víctima de una persecución judicial por parte del Gobierno. El 13 de junio del mismo año se dio inicio, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia, al proceso originado por una querella presentada por el Ministerio Público, por el delito de desacato.
Fueron citados a declarar los hermanos de la víctima, Guillermo y Luisa (Lulú) Colom Argueta, a quienes luego de prestar su declaración indagatoria —en la que ratificaron los términos de la publicación pagada en los medios de prensa—, se les motivó auto de prisión. Asimismo, fue citado al tribunal el director de dos diarios en los que se publicó el campo pagado.
De esta manera se inició un largo y engorroso procedimiento judicial en contra de la familia Colom.
Pero el acoso no se limitó a la persecución penal. Guillermo Colom recibió por vía telefónica múltiples amenazas de muerte y solicitó asilo en la sede de la embajada de Venezuela en Guatemala, después de sufrir un infarto.
Los hermanos Gustavo y Guillermo Colom emprendieron la vía del exilio, en tanto que Lulú permaneció en el país un tiempo más.
Uno de los abogados de la familia, Abel Lemus, fue asesinado.
En el proceso penal por desacato no se dictó resolución alguna que pusiera término al mismo, ya fuera desestimando la acción, por no ser constitutiva de delito, ni dictando una sentencia condenatoria.
Por otro lado, del mismo modo que en el proceso por la muerte de Fuentes Mohr, la última diligencia en el proceso para investigar el asesinato de Colom Argueta y sus dos guardaespaldas, con fecha 25 de mayo de 1979, consiste en la entrega a su propietario del vehículo que manejaba la víctima. No constan más diligencias encaminadas a esclarecer los hechos y el expediente fue archivado.


V. Conclusiones
La CEH presume fundadamente que Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta fueron víctimas de la acción premeditada de agentes del Estado o de sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia y, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento, constituyendo sus ejecuciones una violación a los derechos humanos. En el caso de la muerte de Colom Argueta, esta presunción afecta a autoridades del Ejército de Guatemala y específicamente del Estado Mayor del Ejército.
Esta presunción se funda en el análisis de todos los antecedentes del caso. Entre estos antecedentes destacan: a) la calidad de las víctimas y las amenazas y amedrentamientos de que fueron objeto con antelación a sus ejecuciones; b) los procedimientos empleados por los autores de los crímenes, que evidencian la actuación de grupos con un alto autocontrol y poder de fuego, que actúan a plena luz del día en sectores de asiduo tráfico, cerca de la antigua Escuela Politécnica del Ejército —en el caso de Fuentes Mohr— e incluso con apoyo aéreo, en el caso de Manuel Colom; c) las armas utilizadas; y d) documentación desclasificada de la CIA, en la que se asevera que, “el asesinato de Manuel Colom Argueta, ex alcalde de la ciudad de Guatemala y líder del FUR el 22 de marzo de 1979 y de Alberto Fuentes Mohr, anterior Ministro de Relaciones Exteriores y líder del grupo de social-democrátas el 25 de enero de 1979, también fueron el trabajo del ‘Comando Seis’ llevado a cabo bajo la dirección del Gobierno”.
Por otra parte, el férreo control que las fuerzas de seguridad del Gobierno ejercían sobre la población de la ciudad capital no permite concebir que hechos de esta naturaleza pudieran perpetrarse y mantenerse impunes, sin el conocimiento y tolerancia del Estado.
Además, la CEH se formó la convicción de que, en estos casos, las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia, en particular los órganos jurisdiccionales, que no cumplieron efectivamente su función y facilitaron con ello la impunidad. Esta violación de derechos que afectó al conjunto de la sociedad y a los familiares de las víctimas se vio agravada por la inicua persecución judicial emprendida contra la familia Colom.
Por otra parte, el caso ilustra cómo se pervierte la función estatal de investigar, cuando los recursos de que el Estado dispone para ejercerla no se destinan a su propia finalidad, que es la persecución del delito, sino al encubrimiento sistemático de los autores de graves crímenes y violaciones de derechos humanos.
La CEH considera que los asesinatos de los señores Fuentes Mohr y Colom Argueta son prototípicos de otros casos análogos, que consistieron en la represión estatal clandestina de carácter selectivo, utilizando métodos criminales, contra opositores políticos. El fundamento de esta persecución fue la identificación que se hacía de los opositores con la insurgencia, sobre la base de la extensión impropia que, del concepto de enemigo, contemplaba la denominada doctrina de la seguridad nacional. La garantía de impunidad que, de hecho, el Estado otorgaba a los autores de estos crímenes, fomentó su proliferación.
El caso ilustra, también, la forma en que los sectores que ejercían el poder, cerraban las puertas del acceso democrático al Gobierno de líderes opositores, contribuyendo así a la prolongación del enfrentamiento armado interno.



[1] Carta de puño y letra de Manuel Colom Argueta, firmada por él, 2 de marzo de 1974.

[2]  Testigo directo (ex militante del PR) CEH.

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